La finca ubicada en Paderne no cuenta con permiso de la Xunta ni del ayuntamiento
En Internet, Javier A. S. retoza junto a un león, se deja lamer por un tigre con el que pasea por su finca de Paderne, da un biberón a un puercoespín y permite que aves de todo tipo y condición coman de su mano. La página de su empresa, Corax, se presenta como una consultora sobre fauna y medio ambiente que "cuenta con una variedad de fauna autóctona y foránea para dar la oportunidad de vivir de cerca la sensación que nos transmiten estos animales tan esquivos en su medio natural". La instalación está pensada, según recoge la propia web, para acoger visitas de campamentos, granjas escuela, asociaciones y centros cívicos.La Guardia Civil interpretó que tanto eufemismo escondía, en realidad, la intención de la sociedad de montar un zoológico privado a unos kilómetros de Betanzos y se puso sobre la pista. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado se plantaron el pasado 17 de marzo en la finca As Travesas para inspeccionarla. Dentro, la Guardia Civil halló una completa colección zoológica que se componía de dos nutrias astáticas, un camaleón de Yemen, una tortuga de tierra de espolones, una serpiente boa constrictor, una águila nipalense esteparia, un león macho, dos chinchillas, doce tortugas de orejas rojas y un puercoespín.
Tras tomar declaración al titular de la finca, los agentes constataron que "no se pudo contrastar la procedencia legal de los animales al no disponer [el dueño] de los documentos en ese momento". El atestado del Seprona lleva fecha del pasado 29 de marzo y señala que, según el testimonio de Javier A. S., esos papeles estaban en posesión de su esposa, que se encontraba realizando los trámites oportunos para legalizar la colección zoológica, lo que requiere de la pertinente licencia municipal de actividad, un permiso para animales potencialmente peligrosos y la inscripción de la finca como Centro de Fomento y cría de animales de compañía.
Ninguno de estos permisos obraba en poder de los propietarios de la explotación en el momento en que fue visitada por la Guardia Civil.
Todo lo que argumentó el dueño de la parcela fue que no había obtenido respuesta ni de la Consellería de Medio Rural ni del Ayuntamiento de Paderne, a pesar de haber tramitado todas las solicitudes.
Fruto del informe del Seprona, que establece que el dueño de la propiedad "no acredita la procedencia legal de las especies al no aportar el certificado de cría en cautividad", la fiscalía especializada en la defensa del medio ambiente acaba de pedir al juzgado que tome declaración en calidad de imputado al propietario de la finca, a quien le requiere que acredite documentalmente la adquisición de los especímenes de acuerdo a los tratados internacionales. En concreto, el ministerio público solicita la documentación, prueba de que el acceso a los animales siguió el protocolo Cites [el certificado de que se cumple la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora] a la que España se adhirió en 1986 y de la que forman parte casi 200 países.
El convenio establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies silvestres amenazadas y de sus productos, y exige la utilización de permisos oficiales para comerciar con ellas. El supuesto delito que pretende persiguir con sus actuaciones el fiscal sería precisamente el que tipifican los artículos 334 y siguientes del Código Penal para castigar el comercio ilegal con especies protegidas. Fuentes cercanas a la investigación del Seprona explican que no se trataría de la venta de los especímenes sino del lucro que se pretende obtener con las visitas de grupos a la citada instalación.
En su escrito, el fiscal solicita la comparecencia ante el juez en calidad de testigo-perito de un inspector veterinario de la Xunta para que elabore o aporte informe acerca de la inspección realizada, de la naturaleza de los especímenes hallados y de la inclusión de los mismos en las especies protegidas en el convenio Cites.
Fuentes cercanas a la empresa Corax aseguraron ayer a este periódico que todos los permisos fueron solicitados hace tiempo a las distintas administraciones, que los están tramitando, y sostienen que el proyecto que impulsan en Paderne debería ser apoyado por todas las administraciones.
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